Nuestras autoridades están en plena campaña de vacunación contra la gripe, pregonando las bondades de estas vacunas y tratando de convencernos para acudir al centro de salud más próximo a vacunarnos, con especial énfasis en la población de los mayores. Este es el momento, antes de que comience la fase de ascenso de la gripe, en el que debemos decidir qué hacer frente al virus. En otras palabras tenemos que poder ejercer nuestra autodeterminación terapéutica. Este no es un debate vacunas si o vacunas no.
Como afirma D. José María Lancho, Abogado, experto en derecho tecnológico “en España, el derecho elemental a la 
autodeterminación terapéutica es algo de lo que apenas se ha discutido, y menos aún interiorizado en nuestro sistema legal, a pesar de que el resto de países que tenemos por modelo científico y sanitario sí lo tengan claro”.
En este sentido cabría preguntarse ¿por qué la mayoría de los médicos y los ATS no se quieren vacunar? Parace ser que los profesionales de la medicina si pueden ejercer la autodeterminación terapéutica. Entre el 70% y el 80% de los médicos y personal sanitario prefiere no vacunarse contra la gripe, pese a que son población de riesgo y la recomendación oficial es que lo haga el 100%.
La razón para esa actitud nada “ejemplar” es que seguramente conocen la valoración que ha hecho el Centro Nacional de Epidemiología mediante su “Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2014-15”, en el que se informa de la “baja efectividad” de la vacuna antigripal en España en la temporada pasada. Puede consultarlo en Instituto de Salud Carlos III. Informe de Vigilancia de la Gripe en España. Temporada 2014- 2015.
El caso de Steve Jobs
No obstante, cuando se trata de la población, que aparentemente somos, o se nos considera, sanitariamente analfabetos, llama la atención las barreras sociales y los prejuicios legales que en nuestro entorno español podemos encontrar. Para ilustrarlo, basta con el ejemplo paradigmático de Steve Jobs, cofundador de Apple, que decidió optar por las terapias alternativas y naturales en el comienzo de su cáncer de páncreas. Durante nueve meses, Jobs renunció a las terapias convencionales, optando por la medicina alternativa. En su país podía hacerlo sin riesgo legal. Sin que el terapeuta al que accedía por libre voluntad estuviera en una situación de indeterminación legal, como aquí.
Ciencia y medicina alternativa
A pesar de las acusaciones de curanderismo, Steve Jobs era una de las pocas personas en el planeta que tenía secuenciado su ADN, y cuando optó por la terapia alternativa, se enfrentó, con lo mejor, a una modalidad particularmente letal de cáncer. La terapia alternativa estaba respaldada por el Hospital de la Universidad de Basilea en Suiza. Muchas personas se sorprenden de la íntima relación ente ciencia y medicina natural y alternativa. Y de la distancia entre medicina natural y un zumo de frutas.
¿Y en el resto de Europa?
Hay que decir que Jobs también intentó la terapia convencional. Tras nueve meses se sometió a cirugía y a un trasplante, sabiendo las remotas posibilidades de éxito que esa vía encerraba. En Estados Unidos se abrió un gran debate sobre la idoneidad de unas u otras terapias, pero ambos bandos sostuvieron el derecho de la persona a escoger su modo de tratamiento. Nadie discutió ese espacio sagrado de decisión, de determinación subjetiva. Ese mismo derecho a la determinación terapéutica se practica sin cortapisas en países a los que queremos imitar en tantas cosas: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania… Incluso Francia, Portugal y Suiza.
Unos tres millones y medio de ciudadanos españoles recurren habitualmente a las terapias naturales. Sin embargo, su derecho es precario porque somos uno de los últimos países de Europa en regular estas profesiones. Se sigue escamoteando el derecho fundamental de la ciudadanía a la libre elección terapéutica de cualquiera de las dos formas del cuidado de su salud, bien con la medicina convencional o bien a través de la medicina natural y no convencional.
No confundamos un paternalismo de la medicina convencional ya agotado y caduco que priva a los ciudadanos de poder decidir sobre aspectos elementales e íntimos con lo que a veces son intereses de industrias y colegios profesionales.